Más de U$95 millones invertidos en infraestructura portuaria MOP en 11 ciudades y localidades costeras post 27F
25/02/2019 11:00:00 Nivel nacional
La inversión se ha concentrado principalmente en la Región del Biobío y la última obra de reconstrucción, en el Archipiélago de Juan Fernandez, está en plena ejecución después de una catástrofe que cambió el paradigma en ejecución de obras y la relación de la ciudadanía con el borde costero nacional.
El terremoto y posterior tsunami del pasado 27 de febrero de 2010 que azotó al borde costero nacional, movilizó a los distintos organismos estatales con el fin de dar una respuesta diligente a la demanda de reconstrucción que requerían las distintas zonas dañadas. Las consecuencias del fenómeno natural afectaron tanto las instalaciones de paseos costeros como de caletas pesqueras, teniendo un efecto sobre la infraestructura, el desarrollo turístico y económico. En ese entonces el Ministerio de Obras Publicas elaboró un plan de reconstrucción que contemplaba una inversión en 17 localidades costeras y que hasta ahora ha significado no solamente la rehabilitación de las instalaciones sino que cambios de paradigma en cuanto a la relación que se tiene con el borde costero.
La emergencia abarcó a 28 caletas pesqueras desde la Región de Valparaíso a la de La Araucanía afectando el trabajo de más de 15 mil pescadores y pescadoras con sus respectivas familias. Además de los efectos que tuvo en obras de protección de localidades costeras como, Pichilemu, Bucalemu, Constitución, Talcahuano, Tirua, Arauco, Laraquete, Lebu y Puerto Saavedra entre otras, dejando un saldo de más de 100 mil habitantes damnificados.
Posterior a la catástrofe, se puso a disposición recursos sectoriales directos del MOP para la ejecución de obras tendientes a recuperar la capacidad de atención de naves y comercialización de productos en Caletas Pesqueras, con actividades tales como retiro de escombros, habilitación de frentes de atraque y habilitación de galpones multipropósito (bodegas y venta de productos). Así el plan de reconstrucción tuvo lugar en distintas localidades costeras, siendo las principales inversiones en, Constitución con un monto de más de $15.000 millones de pesos, Talcahuano con $9.747 millones, le siguen Tomé con $8.335 millones y Juan Fernandez con $8.789, paseo costero en el sector de Bahía Cumberland que corresponde a la última obra del proceso de reconstrucción y que actualmente se encuentra en ejecución con un 10% de avance.
En lo sucesivo, las y los funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias del MOP iniciaron importantes cambios en los criterios constructivos y sus competencias profesionales. Uno de ellos es el trabajo que se inició para incorporar a la norma sísmica N°2369, que corresponde a infraestructuras industriales, criterios específicos para la construcción de muelles. Además, las y los profesionales se han capacitado desde entonces sistemáticamente, con el objetivo de mejorar y dotar de características resilientes a las nuevas estructuras costeras.
Junto a lo anterior es importante destacar la serie de estudios que se realizan tanto de amenazas naturales como de factores de vulnerabilidad asociados a la infraestructura que ejecuta este Servicio del Ministerio de Obras Públicas; modelaciones numéricas de tsunamis, modelaciones de evacuación pedestre para los bordes costeros, estudios relacionados con cambio climático y marejadas, entre otros desarrollados internamente. Trabajo que permite elaborar planes y protocolos específicos para cada territorio.
Para la implementación de estas medidas la Dirección de Obras Portuarias ha creado la Sección de Gestión de Riesgos y manejo de Emergencias en conjunto con el Laboratorio de Ingeniería y Desarrollo, secciones que trabajan en las distintas fases del desastre, es decir, en prevención, emergencia, respuesta y reconstrucción, con el objetivo de diseñar y construir infraestructura portuaria y costera más resiliente. En ese sentido el trabajo se ha centrado principalmente en generar las condiciones idóneas para que aquellas localidades costeras puedan hacer frente a estos eventos, adaptándose, educando a la ciudadanía a convivir con el borde costero para entender las peculiaridades de las catástrofes naturales y según el caso tomar medidas específicas de evacuación.
Así se han tomado medidas a largo plazo que permitirán disminuir la vulnerabilidad del territorio costero, ejemplo de eso son obras como caleta Quintay y el borde costero de Dichato, que por una parte permiten proteger el territorio del oleaje ante situaciones de marejadas, y al mismo tiempo, generan un ordenamiento territorial, favoreciendo la existencia de espacios públicos en la costa, evitando que sea utilizado como zona habitable de manera ilegal o irregular, en algunos casos, reduciendo de manera importante la vulnerabilidad de estas localidades
La Dirección de Obras Portuarias ha destinado importantes recursos en la ejecución de medidas tanto estructurales como no estructurales. Ejemplos de las primeras son los muros costeros de protección, paseos costeros, molos, enrocados, entre otras, mientras que las segundas corresponden principalmente a señalética asociada a las principales amenazas y vías de evacuación, reduciendo de manera importante el riesgo tanto de la infraestructura pública y privada como de las personas que utilizan nuestro extenso borde costero
Finalmente es importante resaltar que todo el borde costero nacional se encuentra expuesto en alguna medida a amenazas naturales como tsunamis, eventos hidrometeorológicos y/o marejadas, estas últimas cada vez más recurrentes en un contexto de Cambio Climático Global. Los principales sectores expuestos han sido identificados, localidades donde la DOP ya ha realizado intervenciones en algunos y en otros se encuentra trabajando en diferentes proyectos para disminuir la vulnerabilidad de estos territorios. Las emergencias de manera transversal se han convertido así en una constante del presupuesto anual de la Dirección de Obras Portuarias, llegando a un promedio anual de un 5% del presupuesto nacional de inversión, que es del orden de los U$100 millones y que contempla obras con altos estándares de ingeniería que garantizan la seguridad de sus instalaciones y sus usuarios.